Santo Domingo.- La magistrada Pilar Jiménez Ortiz, jueza de la Suprema Corte de Justicia, denunció al Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) por presunta arbitrariedad y sesgo político en el proceso de evaluación para la permanencia en el alto tribunal.
En una carta dirigida a los miembros del CNM y depositada en la secretaría del Consejo, Jiménez Ortiz acusó al organismo de actuar fuera del marco legal al calificarla como “no idónea”, alegando que se utilizaron criterios inventados y percepciones subjetivas.
Según la jueza, se distorsionaron hechos técnicos y jurídicos durante su evaluación, y recordó el reconocimiento de errores en la Ley 2-23 por parte de Napoleón Estévez Lavandier, actual presidente del Tribunal Constitucional.
Se quejó que la postura presentada por ella y que la descalificó para continuar en la Suprema Corte de Justicia fue la usada por Estévez para lograr su paso a la cabeza del Tribunal Constitucional.
La magistrada también denunció una supuesta práctica sistemática de descalificación contra juezas dentro del CNM.
Afirmó que mujeres con trayectorias intachables han sido excluidas por razones políticas, lo que, a su juicio, constituye una forma de discriminación institucionalizada.
¿Qué argumentó el CNM?
En la evaluación a Jiménez Ortiz, el CNM reveló que se objetó como «inoportuno» el aplazamiento de la aplicación de la Ley 2-23 Sobre Recurso de Casación sin que se hubiese previsto un mecanismo para ello (como una vacatio legis o vacatio legal, es decir, el período transcurrido entre la publicación de una norma y su entrada en vigor).
Durante su entrevista, la magistrada explicó que tanto ella como el equipo de la sala consideraron que la comunidad jurídica no estaba preparada para aplicar el interés casacional, además de que algunos temas actuaban «en contra de la sala, de la ley y la jurisprudencia».
Igualmente, se valoró que, en el marco de su entrevista, se percibiera inseguridad respecto a la ecuación calidad/cantidad en torno a la emisión de sentencias en la sala que preside.
Otro punto abordado fue que las demandas de suspensión de ejecución de sentencias en los procesos de casación, competencia exclusiva de la magistrada Jiménez Ortiz, no obtuvieron, en la mayoría de los casos, respuesta en el plazo establecido por la ley, provocando la inobservancia de estos y una injustificada mora en dichas demandas.
En esta votación se registraron cuatro votos a favor y cuatro en contra; por tanto, la decisión final fue adoptada por el Presidente, conforme a lo que establece la ley del CNM.