Con el fin de las vacaciones de verano, se acerca el regreso a las aulas, y lo que se escucha en las calles, es el grito desesperado de los padres dominicanos. Una temporada que debería estar llena de emoción y expectativas para las familias, sin embargo, para miles de ciudadanos, la realidad es mucho más sombría. Los padres están, una vez más, con ¡el grito al cielo!, enfrentándose a un desafío económico monumental: el desproporcionado aumento en el costo de los útiles escolares. Este, al igual que los últimos años, el inicio del ciclo escolar se ha convertido en una fuente de estrés y angustia, dejando a muchas familias sin respuestas sobre cómo afrontarán este gasto.
Los cuadernos, lápices, mochilas, uniformes, libros y demás materiales necesarios para un año lectivo completo no son un lujo, sino, una necesidad básica. No obstante, sus precios parecen escalar sin piedad, superando con creces la capacidad económica de un hogar promedio. Mientras la inflación afecta el costo de vida en general, los útiles escolares no son la excepción, y su impacto se siente de manera directa y devastadora en los bolsillos de los padres. Este incremento anual no es un simple inconveniente; es una barrera que amenaza con dejar a los niños y niñas sin los recursos básicos para aprender.
En este contexto, la inacción gubernamental se vuelve más evidente y dolorosa. Los padres, en su desesperación, buscan de las autoridades un apoyo que no llega. Entendemos que el Gobierno tiene la responsabilidad moral y social de ir en auxilio de estas familias. No se trata solo de un tema económico, sino de justicia social y de garantizar el derecho fundamental a la educación. La falta de acceso a los útiles escolares puede afectar el desempeño académico de un niño, y puede generar sentimientos de vergüenza o exclusión, dañando el autoestima y percepción de sí mismo.
Es imperativo que se creen las condiciones para que ningún niño se vea afectado por esta carga económica. «La educación es el pilar de una sociedad próspera», y para que sea efectiva debe ser accesible para todos, sin importar el nivel de ingresos de sus padres.
Se podrían implementar medidas como la creación de programas de subsidios directos para la compra de útiles, acuerdos con proveedores para congelar o reducir los precios, y la entrega de paquetes escolares básicos por parte del Estado que sean eficientes, no un desorden sobre migajas que se ejecuta cada año .
Estas acciones no solo aliviarían la presión financiera sobre las familias, también enviarían un mensaje claro de que la educación de los niños es una prioridad nacional.
Imaginemos un regreso a clases donde la principal preocupación de los padres sea la de ayudar a sus hijos a prepararse emocional y académicamente, en lugar de angustiarse por cómo pagarán la lista elevada de útiles.
Un regreso donde cada infante o adolescente pueda entrar al aula con su mochila completa, con una sonrisa y un rostro radiante. Este escenario no es un sueño inalcanzable, debe ser una meta que nos propongamos lograr, si como sociedad exigimos, y como Gobierno actuamos con la empatía y la responsabilidad que la situación amerita.
«La inversión en nuestros niños es la mejor inversión para el futuro de nuestro país».
Por: el jurista Julio A. Ledesma