En los últimos tres años, el 30% de los ingresos corrientes del sector público consolidado, definido aquí como la suma de los ingresos corrientes del Gobierno Central (GC) y del Banco Central (BCRD) excluyendo los recibidos por el último del primero, ha sido destinado al pago de los intereses de la deuda pública consolidada. Solo en 2004 (38%), a raíz de la profunda crisis bancaria que afectó a la nación, y 2020 (32.6%), como consecuencia de la pandemia, esa carga de intereses ha sobrepasado el 30%. La prudencia sugeriría la adopción de cambios en las políticas fiscal y monetaria de la nación que permitan el regreso gradual de ese parámetro a la vecindad del 20%.
Llevamos demasiado tiempo con un déficit del sector público consolidado cercano a 4.5% del PIB, el promedio registrado en el período 2012-2025. Para reducirlo, vamos a necesitar una reforma fiscal profunda que comience con una racionalización del gasto, es decir, el recorte de todos los gastos corrientes innecesarios que han penetrado en nuestra estructura fiscal gracias al populismo. Cuando se revele que el recorte no es otro allante más para consumo mediático sino una realidad palpable, el Gobierno recibiría la licencia social que necesita para reformar el sistema tributario. Esta reforma, sin embargo, deberá concentrarse en reclamar el dinero de la evasión y no en extraer más recursos a los contribuyentes que ya pagan tasas de 27% del impuesto corporativo y 18% del ITBIS, dos de las más elevadas de la región.
La reforma fiscal reduciría el déficit, pero no lo eliminaría. La meta debería ser mantenerlo por debajo de 2% del PIB. No es posible eliminarlo pues la nación necesita que el Gobierno invierta por lo menos el 4% del PIB en nueva infraestructura física y ampliación, modernización y mantenimiento de la existente, el doble de lo que se invierte actualmente. La reorientación del gasto desde el corriente innecesario a la inversión en infraestructura física productiva contribuiría a paliar la desaceleración económica que inicialmente provocan las reformas fiscales.
Esa reforma crearía las condiciones para que la política de endeudamiento público transite desde el sostenimiento de gastos improductivos que hoy exhibe al financiamiento de proyectos de inversión pública con capacidad para generar un retorno que permita luego servir la deuda contraída. Hay que retomar los principios que justificaron la primera colocación de bonos globales dominicanos el 20 de septiembre de 2001, especialmente, el objetivo de aquella colocación: financiar la ejecución de obras de infraestructura física con tasas internas de retorno superiores a la tasa de interés que la nación pagaría sobre los US$500 millones que se colocaron. La ley 128-01 aprobada por el Congreso para sustentar dicha emisión, estableció en el párrafo del artículo 5 un amplio listado de proyectos de obras en ejecución o en etapa de diseño final a ser considerados para recibir recursos de los bonos colocados. El decreto 981-01 de Reglamento para el Uso de los Recursos Generados por la Colocación de los US$500 millones de Bonos Soberanos del 28 de septiembre de 2001 estableció que los proyectos a ser financiados con esos recursos debían tener una tasa interna de retorno (TIR) mayor a la tasa de interés que se pagaría sobre los bonos. Proyectos como la terminación del Puente Juan Bosch con una TIR de 683.6% encabezaba la lista, seguido por la construcción y rehabilitación de la Av. Jacobo Majluta (140.9%), la carretera Santiago-Navarrete (120.6%), Expreso Vial Las Américas desde el Puente Juan Carlos hasta el Peaje (92.9%) y la Autovía del Este (76.3%), entre otros, reunían las condiciones para optar por recursos de los bonos colocados. Esa atadura, lamentablemente, ha sido desatada. Ahora colocamos bonos y desconocemos el uso específico que se dará a los recursos, a pesar de que el endeudamiento externo solo podría justificarse para financiar el gasto en inversión pública productiva tendente a elevar la competitividad de nuestra economía y pagar el vencimiento de bonos emitidos anteriormente (“rollover”).
Dos excepciones deben mencionarse. La colocación de US$1,933 millones de bonos en 2015 para pagar anticipadamente, y con un descuento de 52%, la deuda de US$4,027 millones que manteníamos con Petrocaribe. Y, tan impactante como la anterior, la colocación en junio de 2017 de US$500 millones en bonos con una tasa de 5.10%, para financiar la construcción de Punta Catalina, posiblemente el proyecto de inversión pública más rentable de la historia de la nación, el cual genera un beneficio al Estado dominicano de US$250 millones al año más un ahorro considerable en la factura de energía que compran las EDE. En 2024, este ahorro ascendió a US$411 millones. En lugar de comprar el kWh a un precio promedio de US$0.2050 a los generadores en el mercado spot (habría sido más elevado en ausencia de Punta Catalina), las EDE pudieron comprar los 4,901 millones de kWh que les facturó Punta Catalina a US$0.1212. ¿Alguien podría mencionar otro proyecto que genere ingresos y ahorros anuales al Estado dominicano ascendentes a US$661 millones?
Lo que sí debemos evitar en el futuro es reeditar el error que se cometió entre el 20 de septiembre de 2020 y el 21 de enero de 2021 cuando el país irrumpió en el mercado global de capitales y emitió US$6,300 millones en un período de 4 meses, sin haber determinado qué iban a hacer con el mayor ingreso de capital externo para el Estado de nuestra historia. A diferencia de lo que se hizo en 2001, 2015 y 2017, esos US$6,300 millones fueron a parar como depósitos en el Banco de Reservas y BCRD. No existía una carpeta de proyectos de inversión pública que estuviesen listos para ser financiados. A alguien se le ocurrió la idea de que la Autovía del Ámbar, una obra anunciada hace 5 años por el presidente Abinader en su discurso de toma de posesión, debía hacerse a través de una Alianza Público Privada, una vía que utilizan los gobiernos cuando no disponen de recursos para ejecutar proyectos de inversión pública bajo la sombrilla de su presupuesto. Nuestro gobierno, sin embargo, disponía de US$6,300 millones, recursos que permitirían construir quince autovías similares a las del Ámbar o tres nuevas centrales Punta Catalina de 752 MW cada una. ¿Qué se hizo en cambio? Operaciones de tesorería.
Banreservas optó por invertir en títulos del BCRD, una decisión sensata de sus ejecutivos pues eso potenciaría los ingresos y beneficios del banco por operaciones de tesorería. El BCRD, por su parte, infló sus reservas. Lamentablemente, mientras en 2020 y 2021, el BCRD obtuvo un rendimiento por la inversión de sus activos financieros en moneda extranjera de apenas un 1.8% y 0.1%, respectivamente, el Gobierno pagó una tasa de interés promedio sobre los bonos globales en circulación ascendente a 6.3% en 2020 y 6.2% en 2021. Lo más lamentable es que al día de hoy, una parte considerable del tsunami de recursos que fue a parar a Banreservas y al BCRD, todavía se mantiene como depósitos. Ha llegado el momento de que la insensatez ceda el paso a la racionalidad y el Poder Ejecutivo corrija uno de los errores más lamentables de la historia financiera de la nación. Si no podían o no deseaban ejecutar inversiones públicas, lo correcto era recomprar bonos globales y reducir la deuda pública, tal y como se hizo en 2017.
La pérdida en que se habría incurrido con la recompra anticipada de bonos globales habría sido muchísimo más baja que la provocada por la política de endeudarse al 6% para invertir los mismos recursos y obtener apenas un 1.8% en el 2020 y 0.1% en el 2021. Más vale tarde que nunca.
Fuente: https://www.elcaribe.com.do/panorama/dinero/miremos-al-2001-2015-y-2017/