El 9 de septiembre, Día Mundial de la Agricultura, debería ser una fecha de júbilo y celebración para ese sector. Sin embargo, en la República Dominicana, esta jornada se ve ensombrecida por un escándalo de corrupción que ha colocado al ministro de Agricultura, Limber Cruz, en una posición profundamente incómoda. Más que celebrar los avances del campo, el país observa con preocupación cómo la imagen del ministerio y de su titular se desmoronan bajo el peso de graves denuncias que involucran a su círculo más cercano.
Las acusaciones, que han llevado al Ministerio Público a iniciar una investigación formal, apuntan directamente a colaboradores de confianza del ministro: su jefe de gabinete y su jefe de seguridad personal. Estos presuntos actos de corrupción, lejos de ser incidentes aislados, representan un daño significativo para la gestión del ministro y, por extensión, para la política de transparencia que el presidente Luis Abinader ha prometido y exhibe como un pilar de su Gobierno.
Es cierto que, en nuestro sistema jurídico, la responsabilidad penal es personal. Una persona no puede ser castigada por los delitos cometidos por otra. Sin embargo, no podemos ignorar la responsabilidad funcional y política que recae sobre un alto funcionario público como lo es el ministro de Agricultura, no solo es responsable por sus propias acciones, sino también por el comportamiento de aquellos a quienes ha designado para ocupar posiciones de poder y confianza bajo su dirección.
La elección de sus colaboradores directos refleja el criterio y los valores de un líder. Cuando estos allegados son señalados por actos de corrupción, el ministro no puede simplemente desentenderse, alegando desconocimiento. Como máxima autoridad del sector, debe responder por los actos de su equipo, pues estos operan bajo el manto de su dirección y con la autoridad que él les ha delegado. La falta de supervisión o la incapacidad para identificar y remover a tiempo a elementos corruptos es, en sí misma, una falla de liderazgo.
Las repercusiones de este escándalo van más allá de la figura del ministro. La credibilidad del Ministerio de Agricultura y, lo que es aún más grave, la de la presidencia de la República, se ven seriamente comprometidas. La política de transparencia, que ha sido un estandarte de la actual administración, se ve lacerada por este tipo de eventos. El presidente Abinader ha advertido sobre sanciones drásticas para quienes sustraigan fondos públicos en su Gobierno.
En lugar de celebrar un día de logros, el ministro Limber Cruz se encuentra cabalgando por «tierras movedizas». La lupa del escrutinio público y judicial está sobre él y su entorno. El descrédito de sus colaboradores cercanos ha salpicado no solo su imagen, sino la política gubernamental de transparencia. La situación actual exige una respuesta contundente y un compromiso real con la rendición de cuentas. Si bien la responsabilidad penal es individual, la responsabilidad moral y política de un ministro por los actos de sus subalternos es innegable y, en este caso, parece colocarlo «en un callejón sin salida» del que solo podrá escapar con decisiones firmes y transparentes.
Por: el Jurista Julio A. Ledesma