Por: Julio Ángel Ledesma, Jurista y Analista Social
Durante años, la justicia en Santo Domingo Este se impartió en la indignidad. La imagen de abogados, fiscales, jueces, defensores públicos y la sociedad en general lidiando con audiencias en furgones calurosos y estrechos, o en locales improvisados, se convirtió en el doloroso símbolo de una jurisdicción en el abandono. Eran los gritos al vacío de profesionales y ciudadanos, un clamor en el desierto por un espacio digno que reflejara la seriedad y la majestad que requiere la administración de justicia.
Es justo reconocer que la necesidad de una edificación propia fue vista por gestiones anteriores. La administración del presidente Danilo Medina tuvo la visión e, incluso, dio el primer picazo para iniciar la construcción de lo que sería el nuevo palacio de justicia. Fue un gesto de sana intención, un reconocimiento público de la problemática.
Sin embargo, en el ámbito de la política pública, la intención es apenas un punto de partida; lo que verdaderamente transforma es la práctica concretizada. Ese picazo inicial, lamentablemente, no se tradujo en una obra finalizada a tiempo. La burocracia, los cambios de planes o la falta de continuidad dejaron a la comunidad jurídica y a los munícipes de Santo Domingo Este sumidos en la misma precariedad.
Hoy, con profunda satisfacción, se concreta este clamor de justicia y celebramos el fin de esa mala práctica. La realidad es que se necesitó de un compromiso estatal integral para transformar aquel proyecto estancado en la imponente Ciudad Judicial de Santo Domingo Este. Y ese compromiso ha llegado con la gestión del presidente Luis Rodolfo Abinader.
El presidente Abinader no solo recogió la intención, sino que asumió la responsabilidad de culminar esta obra. Lo que antes era un sueño distante para la clase jurídica, es ahora una realidad tangible: una moderna infraestructura que concentra al Poder Judicial, al Ministerio Público y a la Oficina Nacional de Defensa Pública en un solo complejo.
La Ciudad Judicial de Santo Domingo Este es mucho más que un conjunto de edificios; es un aporte esencial al sistema de justicia dominicano.
Dignidad y Eficiencia: Pone fin a la vergüenza de los furgones, garantizando salas de audiencias adecuadas, espacios de trabajo salubres y funcionales para jueces, fiscales, defensores y personal administrativo. Esto se traduce directamente en una mayor eficiencia y una mejora en la calidad de la labor judicial.
Acceso a la Justicia: Al concentrar los servicios en un único lugar, facilita el acceso a la justicia para los ciudadanos, ahorrando tiempo y recursos que antes se perdían al tener que visitar múltiples locaciones dispersas.
Seguridad Jurídica: Una justicia que opera en condiciones óptimas proyecta confianza y seguridad jurídica, elementos vitales para el desarrollo social y la atracción de inversiones.
Por estas razones, la comunidad jurídica y la sociedad de Santo Domingo Este debemos extender una sincera felicitación al presidente Luis Abinader por este excelente aporte. Su gestión demostró que la voluntad política, cuando se acompaña de una firme ejecución, puede solventar deudas históricas y ofrecer a la ciudadanía y a los profesionales del derecho las herramientas necesarias para que la justicia se imparta con la dignidad que nuestro Estado de Derecho merece. El eco del clamor ha sido silenciado por la realidad de esta gran obra.