Santo Domingo.- El Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, destacó la importancia de que el nuevo Código Penal entre en vigor, el cual, dijo, es el resultado de un amplio proceso democrático.
En coordinación con juristas y la Universidad Acción Pro Educación y Cultura (APEC), la institución desarrolló un conversatorio para analizar su contenido y reflexionar sobre los desafíos de su implementación.
Allí, Ulloa sostuvo que el país se encuentra en un momento que exige actuar con serenidad, sentido histórico y responsabilidad de Estado. A su juicio, esto debe hacerse respetando plenamente las atribuciones constitucionales del Poder Ejecutivo.
La institución consideró oportuna la promulgación del nuevo Código Penal como la culminación de un largo proceso democrático y el inicio de una nueva etapa orientada a su implementación, observación y mejora continua.
Asimismo, señaló que ninguna legislación está exenta de aspectos susceptibles de perfeccionamiento. No obstante, consideró que una democracia sólida no debe paralizarse ante esa realidad, sino poner en funcionamiento sus instituciones y fortalecerlas mediante la evaluación permanente y el consenso.
El Defensor del Pueblo enfatizó que «promulgar el Código Penal no significa cerrar el debate, sino trasladarlo responsablemente al terreno de la aplicación práctica, la evaluación y el perfeccionamiento institucional».
Como parte de las propuestas presentadas durante el conversatorio, la institución planteó al Congreso Nacional la creación de una Comisión Bicameral Especial para evaluar la implementación del Código Penal. Indicó que la misma deberá ser acompañada por especialistas en derecho penal, procesal penal, constitucional, así como en técnica legislativa y representantes de las principales instituciones del sistema de justicia dominicano. «Transcurridos los primeros 90 días de aplicación, esta comisión podría presentar al país un informe técnico sustentado en la experiencia y, de ser necesario, un proyecto de ley que permita perfeccionar tanto el Código Penal como el Código Procesal Penal», prosiguió.
Ulloa añadió que «corregir una ley a partir de la evidencia no debilita al legislador, sino que fortalece la democracia».
Finalmente, el Defensor del Pueblo reiteró que dicha corrección contribuiría a la construcción de un sistema de justicia más eficiente, garantista y acorde con las necesidades de la sociedad dominicana.
En el panel participaron, además, el abogado litigante Miguel Valerio; Mirna Ortiz, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca); la magistrada Giselle Méndez, presidenta del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional; así como Harold Modesto, profesor en Derecho Penal de UNAPEC, y Ricardo Rojas León, jurista y catedrático en Derecho Penal.
El encuentro fue moderado por Alejandro Moscoso Segarra, decano de la Facultad de Humanidades y Derecho de UNAPEC, y coordinador del Código Penal Comentado que publica la Escuela Nacional de la Judicatura (ENJ).