El reto de Méndez será demostrar que las herramientas pueden traducirse en resultados concretos: menos accidentes
Santo Domingo. – El tránsito en la República Dominicana figura entre los problemas más graves y urgentes que enfrenta el país, tanto por la pérdida de vidas y la cantidad de personas lesionadas, lo más doloroso y traumático de esta tragedia, como por la abrumadora carga financiera que genera para el Estado y las familias dominicanas.
La gravedad de la situación quedó en evidencia recientemente con las declaraciones de Jean Todt, enviado especial del secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para la Seguridad Vial.
Durante el almuerzo semanal de los medios de comunicación del Grupo Corripio, celebrado el 22 de julio, calificó de “desastre” la situación del tránsito en el país. Todo aportó cifras estremecedoras: cerca de 3,000 fallecimientos al año por siniestros viales, equivalentes a una tasa de 27 muertes por cada 100,000 habitantes. Según explicó, los accidentes de tránsito constituyen la segunda causa de muerte entre los adultos y la primera entre niños y jóvenes de 5 a 19 años.
En cuanto al costo financiero, las cifras son igualmente contundentes. Se han realizado varios estudios sobre el impacto fiscal de los accidentes de tránsito y todos coinciden en que este es enorme. Nos detendremos en uno realizado por el Banco Mundial en 2021, debido a que, además del impacto sobre el presupuesto nacional, incorpora los costos que recaen directamente sobre las familias.
En ese estudio, el Banco Mundial utiliza metodologías que incorporan el valor económico de las vidas perdidas y de las lesiones graves, y concluye que el costo de los accidentes de tránsito alcanzó el 11.5 % del PIB en 2016. Si aplicáramos ese porcentaje al PIB de 2025, estaríamos hablando de unos US$14,652 millones, equivalentes aproximadamente a RD$855 mil millones. Reiteramos que esta cifra representa una valoración económica mucho más amplia de las pérdidas humanas y de productividad asociadas a las muertes y lesiones graves.
No fue pura casualidad la sugerente reacción de Juan Manuel Méndez García tras su designación al frente del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), cuando afirmó que “trabajar en una entidad gubernamental no es un concurso de belleza ni tampoco un concurso de quién quede mejor”.
Mucho menos debería verse así en el caso del Intrant.
La declaración retrata el espíritu con el que Méndez parece asumir una responsabilidad que, por su naturaleza y magnitud, difícilmente puede ejercerse buscando únicamente preservar una imagen.
Su decisión de mejorar la situación del tránsito parece firme y está respaldada por sus 21 años de gestión al frente del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), una experiencia que constituye, probablemente, el elemento más relevante para entender su designación en el nuevo cargo.
Méndez está dispuesto, incluso, a asumir el costo personal que pueda implicar esa tarea. “Si mi imagen tiene que deteriorarse para que el país pueda avanzar, pues que se deteriore”, expresó.
Su llegada al Intrant parece introducir, por tanto, un cambio de énfasis: de una etapa marcada por la modernización tecnológica, la recuperación institucional y el rediseño de procesos, hacia otra en la que habrá que demostrar capacidad de ejecución, disciplina operativa y coordinación efectiva en las calles.
Si Milton Morrison puso buena parte de las herramientas necesarias para transformar la gestión del tránsito, el reto de Méndez será demostrar que esas herramientas pueden traducirse en resultados concretos: más orden, mayor fluidez, mejor cumplimiento de las normas y, sobre todo, menos muertes en las calles.